SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público, a través de la Dirección de Persecución de la Procuraduría General de la República, liderada por el magistrado Wilson Camacho, ha iniciado una serie de diligencias procesales en torno a las empresas y propiedades de Antonio Espaillat, propietario de la discoteca Jet Set, tras el colapso del techo de concreto ocurrido el pasado 8 de abril. El trágico incidente dejó un saldo de 232 personas fallecidas y más de 180 heridas durante una fiesta amenizada por el merenguero Ruby Pérez.

Como parte de las medidas adoptadas, el Ministerio Público ha solicitado un impedimento cautelar para evitar cualquier transacción patrimonial o accionaria que implique los bienes vinculados a Espaillat. Estas acciones se realizan bajo el marco de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos, aunque se aclaró que no se le está investigando por este delito, sino que la legislación se aplica como una herramienta jurídica preventiva durante el proceso judicial.

La investigación se centra en las empresas relacionadas directamente con Espaillat, particularmente en la sociedad que operaba la reconocida discoteca Jet Set, un ícono del entretenimiento en Santo Domingo con décadas de trayectoria. Asimismo, se están revisando licencias, seguros, condiciones estructurales del local y el cumplimiento de normativas legales exigidas para negocios de este tipo.

Fuentes cercanas al caso señalaron que las diligencias preliminares incluyen peritajes técnicos para determinar si existieron fallas estructurales, negligencias y posibles responsabilidades penales y civiles. Aunque Espaillat ha manifestado públicamente su disposición de colaborar con las autoridades, el Ministerio Público sigue avanzando en la revisión de los bienes y la documentación corporativa del empresario.

El Ministerio Público no ha confirmado la presentación de imputaciones formales en los próximos días, pero se anticipan nuevas medidas cautelares en función de los avances en la recolección de pruebas.